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Bin Laden en Orihuela
El pasado día 21 de abril , domingo, se produjo en último
atentado contra el patrimonio histórico en Orihuela, sobre un edificio
protegido por ley, y sobre un área urbana igualmente protegida
por ley.
El edificio en cuestión, del que en el momento que escribo quedan
elementos de patrimonio histórico artístico declarados BIC
(que no deben ni ser desmontados si se quiere evitar más daños),
completaba el rectángulo de uno de los mejores espacios urbanos
del centro histórico (la denominada plaza del marqués de
Rafal, lugar donde Miguel Hernández y el ayuntamiento de la época
homenajearon a Ramón Sijé) con dos lienzos de fachada de
sumo interés (los que dan a la propia plaza y al pasaje Emilio
Bregante).
La importancia del edificio es capital en la trama urbana y por sí
mismo, configurando una manzana del parcelario, entre placetas del entorno
de la Catedral, que es monumento nacional. Existe no sólo documentación
histórica que lo atestigua, y así se refleja en el Plan
Especial, y en libros que lo relacionan dentro de la arquitectura emblemática
de la provincia de Alicante.
Cualquier arquitecto no vendido al capital privado lo distinguiría
como edificio singular, determinante en el entorno urbano donde se ubica.
Nadie podría justificar la desaparición del edificio y
su sustitución, por un espacio ajardinado como se ha llegado a
sugerir o por otro edificio que no restituyera con exactitud formal los
dos lienzos de fachada aludidos, con sus correspondientes elementos arquitectónicos
y decorativos, e incluso yendo a los planos originales recobrar por completo
sus características de fábrica.
En última instancia, los propietarios del resto de edificios
que conforman la plaza, que son la Generalitat Valenciana (Biblioteca
pública), el Ayuntamiento (actual edificio del Consevatorio y de
Convega), y el marqués de Rafal (palacio nobiliario y sede de la
Asociación de Amigos de Orihuela), así lo podrían
demandar.
Y en principio, ninguno de los tres debería sustraerse a requerir
el estricto cumplimiento de la ley con arreglo a derecho. Aunque con más
razón, es decir, con poder fundado, con argumentos y capacidad
de demostración, quien en primera instancia debiera actuar es el
Ayuntamiento (la totalidad de los 25 concejales por unanimidad y en pleno).
Si nadie hace nada se demostrará que los ciudadanos están
indefensos ante la ley, que debe ser igual para todos. Si el señor
propietario de este edificio puede derribarlo de forma impune, cualquiera
puede hacer de su capa un sayo con toda tranquilidad. Y entonces, de nada
habrá servido el largo proceso de debate y determinación
final que quedó reflejado en el Plan General, y explícitamente
en el Plan Especial, con la intervención reglamentada por ley de
todos los agentes cívicos y sociales y de la administración
pública en todos sus niveles.
Trabajos de años que se tiran por la borda por un quítame
aquí estas pajas (del que los ciudadanos no somos culpables), o
por el ingrato antojo o capricho de un particular con sobrados recursos,
incluso para reintegrar el edificio piedra a piedra y viga a viga.
Las formas (nocturnidad en fin de semana de primavera, ofuscación
de reflejos por parte de los poderes públicos municipales poco
menos de ya consumada la ejecución del derribo) ponen de manifiesto
que el engaño, la mentira, la burla en definitiva, parece haber
estado en el origen de la compra del edificio. Y de la venta publicitada
y amplificada a través de los medios de comunicación, en
su día, de que se tenía la intención de rehabilitarlo
para un buen fin: ser sede de la Fundación Pedrera, sin ánimo
de lucro, etcétera, etcétera.
Fundación arropada desde sus inicios por el obispado, el ayuntamiento
y la Generalitat. Y supuesto mecenas, quien la promovía, investido
del aura de nuevo patricio del municipio y de la comarca, al que se le
recabaron ayudas y subvenciones gestionadas a través de cauces
públicos y apoyos financieros de fondos europeos (si hemos de fiarnos
de lo publicado en prensa), así como le otorgaron con el nombramiento
de Caballero Cubierto de la procesión del Santo Entierro (uno de
los más altos honores que concede el Ayuntamiento de Orihuela).
¿Qué está pasando en Orihuela?
Como relataba en una carta de los lectores, el último atentado
contra el patrimonio histórico en Orihuela se produjo el pasado
21 de abril, sobre un edificio protegido por ley, y sobre un área
urbana igualmente protegida por ley.
Hace sólo unos años, la mera intervención sobre
un edificio precatalogado ya provocaba un escándalo en Orihuela.
Como es pertinente por la ley del suelo y por la ley de patrimonio, en
desarrollo de las previsiones contenidas en el PGOU se formuló
y aprobó el Plan Especial de Ordenación y Recuperación
del Centro Histórico de Orihuela, para fijar la ordenación
y protección del conjunto histórico-artístico declarado
como tal en 1969, preservando el patrimonio arquitectónico de interés,
y precisando cómo hacerlo.
El Plan Especial y el PGOU son ley, para todos, e implican el compromiso
largamente negociado, debatido y consensuado entre todos los agentes privados
y públicos. Ha costado muchos años y esfuerzo definir esto
desde distintos niveles sociales en el periodo democrático.
Y ahora, aparece un punto de inflexión asombroso en el sentido
de doblegar y asolar todo ese impulso soberano.
Por una cuestión de honestidad con nosotros mismos, no se puede
consentir un cañonazo a una de las zonas más sensibles del
conjunto urbano declarado conjunto histórico-artístico y
protegido por el Plan Especial. Tampoco la dejación, la abdicación,
la ausencia manifiesta, serían concebibles en determinados actores
con responsabilidad.
En otros lugares se derriban torres con acciones devastadoras cargadas
de combustible. Aquí, acaba de suceder un hecho de lo más
similar a un acto de terrorismo urbano, un urbicidio, sustentado en el
poder del miedo a quien se sabe que tiene poder y con métodos piratas,
no sabemos si en comandita. Un ataque a la línea de flotación
de la estructura que sustenta la defensa del patrimonio histórico
y arquitectónico de la ciudad.
La respuesta está en la ley. En la exigencia del cumplimiento
de la ley. Y por tanto, también en la restitución del edificio.
¿Cómo? La ley establece con claridad sus postulados.
Si el director de la Oficina del Casco Histórico justificaba
en su día el gasto de millones a fondo perdido por parte de las
arcas públicas en la rehabilitación del edificio del Horno
del Obispo, en orden a que siendo una simple casa ocupaba un enclave fundamental
en el entorno del casco antiguo, ¿cuántas razones no encontraremos
para defender el cumplimiento exacto de la ley en el edificio de la manzana
colindante, la casa de los Ruiz de Villafranca?
No puede ser que ahora vuelva a reinar la ley de la selva en pleno centro
histórico. A los actos preparatorios del excepcional acontecimiento
de “La luz de las imágenes” previsto para el próximo
año, se le suma en estos momentos la necesidad imperiosa de rescatar
el edificio más importante sobre el que se ha ejercido un atentado
dirigido a su desaparición, caso inusual en los últimos
años.
Para los que piensan que, una vez casi derribado es imposible su reposición,
les recordaré que la acción de un grupo de jóvenes
oriolanos impidió en 1983 el derribo del Teatro Circo a quince
días vista de que esto sucediera, y consiguió que los poderes
públicos emprendieran su recuperación; y que después,
se rehabilitó desmontándolo por entero, reedificándolo
de hecho a partir de la mínima estructura, de la documentación
histórica existente y de la ilusión y la tenacidad más
decididas.
Bien, este edificio con elementos protegidos del siglo XVIII no tiene
ni más ni menos importancia que el del Teatro Circo.
Por último, a mí me gustaría saber qué le
pasa a la gente de Orihuela, por qué está tan adocenada,
por qué la gente de Orihuela es capaz de asistir casi en romería
al acto de presentación de un libro del siglo XIII y ante este
otro acto, plenamente actual, huyen sin manifestación alguna, despavoridos
y mudos, a esconderse en los armarios. Sin memoria, como si fueran ignorantes
y cobardes.
Procedimiento preparatorio (para una demolición con máquinas)
Del escrito de alegaciones de los arquitectos que representan a la propiedad
del edificio agredido por un derribo ilícito, cuya ejecución
fue comenzada a las tres de la madrugada del lunes día 22 de abril
de 2002, despertando a los clientes del cercano hotel palacio de Tudemir,
y causando como es natural el desvelo y la alarma de los vecinos de la
zona (ver “La verdad” del día 26-4-02), cabe plantearse
varias cosas. Por ejemplo, que los vecinos afectados también podrían
presentar alegaciones y quejas ante las autoridades, a propósito
de los estruendosos ruidos provocados a deshoras, de los perjuicios personales
ocasionados, y de la indebida alteración pública causada.
Pues tienen la misma facultad de exposición y defensa de sus derechos
que cualquier otro ciudadano.
Centrándonos en el escrito, ¿hay que leerlo por activa,
o por pasiva?. Porque, en esencia, los motivos que argumentan los técnicos
privados para ejercer su decisión o la de la propiedad, de demoler
el edificio, parecen en realidad un compendio explicativo del procedimiento
que se ha de seguir, con todo lujo de detalles, para que un inmueble de
esta naturaleza se encuentre preparado y listo para atribuirle las condiciones
que justifiquen “técnicamente” un derribo “inaplazable”
o “improrrogable”.
VÉASE LO QUE DICEN:
1º.- Encontrándose en fase de ejecución la obra de
rehabilitación y sustitución de los forjados deteriorados
del inmueble.
2º.- Habiéndose procedido a la eliminación de las
cargas correspondientes al entrevigado de la estructura.
3º.- Han aparecido de forma coincidente con las últimas
lluvias (ya aparecieron las siempre socorridas “últimas lluvias”
que vienen tan bien, sobre todo si son fuertes y el estado de “preparación”
de la casa es el de las “condiciones” adecuadas), grietas
(las grietas también son muy socorridas, pero en cualquier monumento
o bien de interés cultural movilizan a su reparación) debidas
al mal estado general del edificio (la iglesia de san Agustín tiene
más grietas y no se ha tirado –le llueven ayudas convenidas
aunque con retardamiento-; el palacio de Tudemir estaba en peor estado
y su rehabilitación ha merecido un premio de ejemplar restauración).
4º.- Incidencia (las grietas) que también son atribuidas
por los arquitectos privados al empuje lateral recibido por los muros
de carga de la fachada, producido por las propias vigas de madera (magníficas
vigas de madera, por cierto, que han desaparecido, y que tan importantes
demostraron ser –por su calidad- en la estructura de sostenimiento
del Teatro Circo) al recuperar éstas la flecha existente anteriormente.
5º.- Efecto éste (el de la flecha de las vigas) debido a
la eliminación de las cargas de los forjados (¡otra gran
operación técnica!) que existían apoyados sobre las
vigas.
¿No conocían los técnicos, ellos tan preparados,
que el proceso derivado de sus actuaciones llevaba al edificio a esa situación,
y que por tanto era el procedimiento menos adecuado para conseguir una
rehabilitación apropiada? ¿O que, en todo caso, de seguirse
con ese proceso, se le debía acompañar de otras acciones
de consolidación que contrarrestaran los efectos negativos de un
vaciado del inmueble?
RESUMIENDO: La culpa del derribo ilegal la tuvieron las lluvias (con
las que no se contaba), y la casual incidencia de las grietas (otra coyuntura
fortuita). Y lo que alegan los arquitectos de la propiedad viene a ser
esto: “Mire usted, señor Ayuntamiento: Justo cuando estaba
en fase de ejecución la obra de rehabilitación y sustitución
de los forjados deteriorados del inmueble… (como Vd. bien sabe),
y… habiéndose procedido a la eliminación de las cargas
correspondientes al entrevigado de la estructura… ¡Justo entonces!
¡ZAS! Coincidieron las lluvias. Y verá Vd., Excmo. Señor,
nosotros es que no asistimos, en la carrera, el día en que el profe
explicaba cómo hacer, cómo rehabilitar un edificio sin dejar
de prevenir la contingencia de unas lluvias justicieras, y menos aún
la eventualidad de unas grietas litigantes. Por lo que esperamos de su
natural indulgencia que Vd. comprenda y asuma, Vd. que es quien administra
los intereses (ya me entiende) del municipio. De suyo afectísimos
se despiden, y Dios guarde a Vd. muchos años”
¿Del asombro a la componenda?
Se cumple un mes ya, del derribo legal del edificio protegido del siglo
XVIII que albergara la casa palacio Ruiz de Villafranca. Para cumplimentar
la efemérides, y ponerse a tono, alguno lo habrá celebrado
con tarta y cava. La alegría no es para menos: el tema está
pasando sin ton ni son sobre ascuas y hay señales que anuncian
que el plan escogido se ajusta a las previsiones. Al fin y al cabo Orihuela
sigue en un satisfecho duermevela, lo que es de masocas.
No vale una simple protesta. La oposición solo ha sido capaz
de enunciar dos breves, uno de prensa en forma de pataleta al aire, y
la articulación de otro efímero de representación
en el teatro del último pleno municipal, a modo de un ruego, casi
una súplica respondida con el silencio despreciativo del alcalde,
que anda como escurrido del asunto. En el primer caso se reclamaba la
intervención del Consell Valenciá de Cultura, que debe ser
en sus alturas algo así como la Inmaculada Concepción para
apelar, ya que desde las bajuras no se nos ocurre nada. Y en el segundo,
pues nada, se quedaron con la satisfacción del deber cumplido y
a otra cosa, mariposa. Eso sí, se espolsaron bien, dentro de lo
que cabe, en un debate de Tele Orihuela (en ausencia ya habitual, por
sistemática, de responsables directos, que lo raro es que acudan),
pero sin entrar en profundidades, solo rascando la superficie. Y el espectro
redivivo de la Asociación de Amigos de Orihuela, encarnada en el
marqués de Rafal, en calidad de sí mismo, y de presidente
de la citada y de la fundación de casas históricas y singulares
(uno y trino), expresó su repulsa (rechazo, apartamiento), denunciando
el derribo ante el Ayuntamiento (que ya estaba avisado) y ante la Dirección
General de Patrimonio (a quien ya se encarga el Ayuntamiento de avisarle,
cuando toca). Todos contentos, y desarticulados, acompañados del
silencio social restante.
Pero, vamos a ver, ¿aquí quién manda, quién
dispone, quién avisa, quién informa? Veamos. El propietario,
una ves que las máquinas comenzaran a golpear las fachadas hasta
destruirlas durante la madrugada del día 22 de abril (que son horas
de lo más apropiadas para estos u otros pillajes), presenta un
escrito de fecha 23 de abril en el registro municipal, e informa, al Ayuntamiento
(a toro pasado) de que “la dirección de obras (privada) ha
adoptado los medios necesarios para garantizar la seguridad (de los operarios,
de la vía pública y de la estabilidad del edificio) que
se veía amenazada por la fisuración y grietas aparecidas
por las obras de rehabilitación realizadas”. ¡Toma,
jeroma, pastillas de goma! (Es decir, asumiendo funciones propias del
consistorio municipal). E indica que existe licencia de obras de rehabilitación
del edificio concedida por el Ayuntamiento, para la realización
de esta faena, que al final consiste en arramblar con todo para garantizar
la seguridad. Él propietario, claro está, es quien informa,
dispones, e interpreta, con los hechos consumados como plato frío.
Es toro corrido.
Si repasamos las noticias generadas por la ejecución del derribo
de este edificio protegido, vemos que la postura oficial ha oscilado desde
la aparente sorpresa inicial al silencio más opaco, pasando por
la búsqueda de una aproximación con la propiedad mediante
el requerimiento de justificaciones supuestamente técnicas y el
intento de legalizar la demolición. La mera visión de estas
genuflexiones tan políticamente correctas (y desvergonzadas) recuerdan
a las del ministro Piqué ante el emperador Bush (tantas como sean
necesarias, para que quede claro quién es el súbdito).
Independientemente de la aviesa superposición de bulos intencionados,
intentos de manipulación informativa, y de tergiversaciones varias
que acompañaron a la secuencia de los hechos, vamos a quedarnos
con las palabras de primera hora, grabadas y filmadas, del concejal de
urbanismo Jesús Roca, que dijo: “La demolición se
realizó sin licencia municipal. Para nosotros ha sido una sorpresa
que este edificio se derribe sin ninguna contemplación ni aviso
previo, sin pedir licencia de derribo ni nada. Lo que procede es el expediente
sancionador con la multa correspondiente y la reposición del edificio”.
El concejal aseguró a continuación “ignorar por completo
las causas del hecho, a la espera de que el propietario, el empresario
Antonio Pedrera, en sus alegaciones , explique porqué llevó
a cabo el derribo sin la preceptiva licencia”.
A continuación, los arquitectos privados, ni cortos ni perezosos
para con su empresa, se descuelgan con un escrito justificatorio del episodio,
y con un lenguaje técnico que procura distanciamiento y superioridad
de criterio, explican al Ayuntamiento el procedimiento por que las obras
de rehabilitación que estaban realizando en el edificio (léase
vaciado progresivo acometido en el mismo) trajo consigo finalmente “la
adopción de las medidas necesarias” (o sea, el derribo) ejecutadas
“para garantizar la seguridad”.
¿No conocían los técnicos, ellos tan preparados,
que el proceso derivado de sus actuaciones llevaba al edificio a esa situación,
y que por tanto era el procedimiento menos adecuado para conseguir una
rehabilitación apropiada? ¿O que, en todo caso, de seguirse
con ese proceso, se le debía acompañar de otras acciones
de consolidación que contrarrestaran los efectos negativos de un
vaciado del inmueble?
El propio concejal y primer teniente de alcalde se había desplazado
en la mañana de aquel lunes con los técnicos del Ayuntamiento
hasta el lugar de los hechos, para aclarar lo sucedido. Un Roca no alertado
ponía el dedo en llaga, y solamente parecía patinar en un
aspecto, el de considerar el hecho como una mera infracción urbanística
y no como un delito contra el patrimonio histórico, para quienes
derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos, tipificado
en el Código Penal, artículos 321 y 322.
Desde entonces acá, los técnicos de la concejalía
de urbanismo analizan el inesperado incidente, ha pasado un mes, y el
Ayuntamiento sigue tramitando (por la vía de urgencia) el expediente
por el derribo sin licencia del edificio protegido del siglo XVIII, buscando
la sanción administrativa que les salve la cara, estudiando si
el derribo “es legalizable o no”, o pergeñando la modificación
que altere la ordenación urbanística fijada por el Plan
General y por el Plan Especial.
Tú no te preocupes, que ellos ya encontrarán las artimañas
para que pase lo de siempre, me dicen. No me extrañaría,
me digo yo, que fuera así. Rodeados de irresponsabilidad por todos
lados como estamos.
Pero el salón se ve más amplio
Imaginémonos una casa en su parte más noble, o si se quiere
en su zona más aprovechable como estancias de solaz, relajo, encuentro
y recepción de visitas, y muestra de los mejores y más preciados
muebles, entre los que se encuentran los directamente heredados de familia,
los que dan identidad y significación propia a esa casa, o sea,
el salón o sala de estar.
.
Imaginemos ahora que contiguo al salón, pared con pared, hay otra
habitación que en sus proporciones sería como una salita
relativamente amplia con distintas funciones entre las que se encuentra
la de dormitorio, ocupada por un señor mayor que es el abuelo de
la casa. Su cama, que viene de sus bisabuelos, está pegada a la
pared que separa ambas habitaciones, y él pasa mucho tiempo en
ella, pues se encuentra ya enfermo y muy deteriorado físicamente.
Aunque aguanta.
Imaginemos que el hijo de este señor (no vamos a entrar en disquisiciones
sobre su carácter) ya se siente propietario del total de la casa,
pues es él quien rige los destinos de la familia ya que su padre
es un jubilado y está en la recta final. El hijo, y la mujer del
hijo, quisieran ver hecho realidad un sueño: ampliar su salón.
La ampliación del salón les permitiría desde luego
organizar mucho mejor y más a menudo recepciones con ágape
para personas selectas como ellos se consideran, siempre encantados de
haberse conocido.
Imaginemos que el hijo pasa a la acción, harto de esperar, ya
que el padre no se muere de viejo y decrépito que está,
y les impide –no muriéndose- gozar de la amplitud de un nuevo
salón que se obtendría con la unión de las dos habitaciones.
Ellos se lo podrían permitir perfectamente, con la de propiedades
y millones que tienen, y con lo que además heredarían muerto
el viejo. Hasta la cama se iría al carajo. O mejor la revenderían
arreglada, que los muebles restaurados también dan dividendos.
Ya estamos en la acción. El hijo mata al padre, digo al viejo,
y para bien matarlo lo descuartiza.
Qué pena de viejo, estaba ya muy mayor, muy deteriorado, con una
enfermedad incurable. Para qué nos íbamos a gastar dinero
en medicamentos que le alargaran la vida diez años más,
o los que fueran. Además, eso impediría ampliar el salón
cuanto antes, con la ilusión que nos hace. ¿Y quién
se va a enterar de cómo matamos al padre, digo de qué murió
el viejo? Tenemos tanto poder, nos deben tantos favores, y aparte ya hemos
acordado con nuestros amigos que hagan la vista gorda cuando se conozca
la muerte del padre, digo el viejo. Favor por favor, ya se lo devolveremos,
ya nos lo devolverán. Un médico amigo nuestro dictamina,
sin necesidad de ver al muerto, que la suya fue muerte por causa natural.
Otros técnicos igualmente facultativos acuden raudos con los informes
complementarios, resolutivos, fehacientes y definitivos que hagan falta
para dictaminar la legalidad del crimen, digo de la muerte. Todo el mundo
sabe que ha sido un asesinato, pero cuando pasan por al lado de la casa
lo hacen silbando. Al fin y al cabo, cuando se amplíe el salón
serán muchos los que disfruten de las recepciones, ya sean estas
de gala o de media gala. Y todo el que participe se sentirá con
raigambre, escogido, y distinguido por la masa, digo la plebe, digo el
pueblo llano. O sea, la opinión popular. Unida. Unida en la unión
de las habitaciones, digo en la ampliación del salón. Hasta
el alcalde se muestra dispuesto a no cobrar las tasas por obras de reforma.
Y a pagarlas si hace falta, teniendo en cuenta los beneficios sociales,
digo populares, que puede conllevar la ampliación del salón.
Con el apoyo de todo el equipo de gobierno, que aunque calla otorga. Y
el apoyo indisoluble de la opinión popular unida, que en este caso
son votos.
No vamos aquí a distinguir entre votos cualificados y votos plebeyos,
como hacía el otro, el anterior. Todas las chachas Lolas, y los
chachos, que firmen escritos de apoyo a la ampliación del salón
del hijo de su padre, el viejo, son como uno más de la familia,
siempre que formen parte de la opinión popular unida. Hay mucho
pariente pobre, pero ellos no se enteran de que firmando están
dando carta de naturaleza al asesinato, digo al delito, penado con un
castigo que conllevaría indemnización, restitución,
inhabilitación, y hasta prisión. Para los infractores, de
la ley, y sus avalistas.
Es mucho imaginar que un hijo potentado mate a un padre patrimonio, y
que la mayoría del pueblo en donde sucede el hecho, encabezado
por su alcalde, actúen para legalizarlo. Con luz.
El viejo estaba protegido por las leyes, por la ley más fundamental
que es el derecho a la vida, pero es que el salón se ve más
amplio. Y si hay que avalar, digo firmar, digo apoyar al asesino y a sus
cómplices, se firma donde haga falta. Pagar, que pague el fondo
de reptiles.
Los personajes
La casa es la ciudad. La pared es el obstáculo que se derriba.
El viejo son las normas que hay que saltarse porque impiden el derribo
de la pared. El hijo es el hijo de su padre. La cama y los enseres del
viejo son las vigas litigantes. El fondo de reptiles es el dinero que
se paga para campañas mediáticas e informes justificatorios.
El alcalde es el representante de la ciudad ante otras instituciones.
Las chachas Lolas y los chachos son los integrantes de la opinión
popular unida. Los infractores de la ley son los protagonistas ocultos
que no existen porque no se ven. La luz es la claridad con que se ven
las cosas. La ampliación del salón es una unidad de destino
en lo local. El médico amigo abrió un expediente hace año
y medio y lo archivó como certificado de defunción. El nombre
del asesino y de sus cómplices solo los conoce Chicho Ibáñez
Serrador y no los desvela porque prepara una serie de suspense. El nuevo
salón es una habitación con vistas. La justicia está
de vacaciones.
JOSÉ ALBERTO PARDINES
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